Ciudad de México, 26 de julio de 2021.- La iniciativa de Reforma Indígena se ha construido con amplio consenso de pueblos y comunidades; se sustenta en sus ancestrales demandas y reivindica sus principales luchas con apego al postulado de este gobierno de que, por el bien de todos, primero los pobres, en especial los pueblos indígenas de México.

Con un llamado a la reconciliación y la paz, y con el objetivo de construir una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicano, del 19 de junio al 25 de julio se llevaron a cabo 61 asambleas de seguimiento del proceso de consulta libre, previa e informada sobre la reforma constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Así culmina esta fase de seguimiento que se sustenta en los resolutivos de 54 foros de consulta en 27 entidades y uno con migrantes indígenas radicados en Estados Unidos, del 21 de junio al 4 de agosto de 2019.

Con las aportaciones retomadas en las 61 asambleas, el Comité Técnico de Expertos podrá integrar un documento consolidado de la iniciativa, que será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos participaron en este proceso sin precedente, cuyo propósito es construir una iniciativa que garantice sus derechos colectivos, que los reconozca como sujetos de derecho público y que haga valer su autonomía y libre determinación.

La última jornada de reuniones regionales de seguimiento se llevó a cabo en San Antonio Necua y San Quintín, Baja California; Nacajuca, Tabasco; Mezquital, Durango; y en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En este marco, el director general el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, reconoció la nutrida participación en la consulta para fortalecer y socializar la reforma.

“Estamos concluyendo este proceso tan importante de análisis y reflexión, hemos presentado una propuesta de iniciativa para consensarla en todo el país y presentarla al presidente de la República, para que llegue al Congreso de la Unión y pueda aprobarse con el propósito de cristalizar las añoranzas de nuestros pueblos que reclaman un reconocimiento legal de sus derechos colectivos.”

Frente al pueblo kumiai de Baja California, las poblaciones yumanas, kiliwas, pai´ipais, cochimís y cucapás, así como migrantes residentes indígenas, Regino Montes señaló:

“Para lograr la grandeza de México desde sus raíces, ahora será fundamental la tarea del Poder Legislativo, para hacer los cambios normativos que perduren en el tiempo y en el espacio.”

Reconocimiento pleno en la Constitución

En la mesa de Nacajuca, Tabasco, los representantes yokot’anob y los pueblos del sureste, asentaron que ha llegado el momento para que los pueblos indígenas sean reconocidos plenamente en la Carta Manga y puedan ejercer de manera efectiva sus legítimos derechos.

Hermanas y hermanos de los pueblos ch’ol, tzeltal, yokot’an, náhualty zoque de los municipios Nacajuca, Balanca, Centla, Jalpa de Méndez, Tlacotalpa, Tenosique, Comalcalco y Cunduacán alzaron la voz y defendieron sus culturas e identidades, para que sean reconocidas, revalorizadas y protegidas en esta reforma de urgente aprobación.

En San Quintín, Baja California, la diputada federal Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, resaltó que es un momento histórico, único e importante que ha permitido la realización de estas asambleas que fundamentarán la reforma.

Destacó que es un trabajo que se hace desde las comunidades, quienes definen cómo quieren que sea México.

Por otra parte, en El Mezquital, Durango, también aprobaron la propuesta de reforma como un paso importante para las comunidades, porque por primera vez una propuesta de cambio constitucional se ha formulado con las ideas y voces de los pueblos originarios.

Indígenas migrantes y residentes asentados en Los Ángeles, California, exigieron que de manera urgente sea aprobada esta iniciativa que permitirá, en los próximos años, disminuir la migración por motivos de despojo, desplazamiento y pobreza.

Demandaron un acuerdo entre México y Estados Unidos para que emitan protocolos que garanticen la residencia de grupos indígenas que llevan años viviendo en el país vecino.

Reforma de largo alcance

Se trata de modificar 15 artículos de la Constitución, a partir de la historia, raíces y cultura ancestral, como un acto de elemental justicia y humanidad, que responda a largas luchas de resistencia contra la persecución, hostigamiento, exclusión, discriminación, racismo y despojos que han sufrido los pueblos indígenas de México.

La propuesta, presentada en la etapa de seguimiento, reivindica los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, así como el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, entre otros acuerdos y tratados que se sustentan en las luchas históricas de los 68 pueblos indígenas y del afromexicano.

La Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuyos titulares son Rabindranath Salazar Solorio y Adelfo Regino Montes, respectivamente, convocaron a la etapa de seguimiento de acuerdos del proceso de consulta.

Este ejercicio se basa en el compromiso del Gobierno de México de escuchar al pueblo y de que las leyes sean resultado de un proceso de reflexión, análisis y construcción colectiva, para transitar de una larga etapa de represión, abandono, exclusión, discriminación y racismo, a un escenario en el que se reconozcan los derechos inalienables de pueblos y comunidades.