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La Diputada María Rosete Promueve una Iniciativa Historica que regule a los trabajadores no asalariados incluyendo a los de Comercio Informal

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Ciudad de México a 13 de Diciembre 2019 (Cdmx Press ).-

El comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma honesta de ganarse la vida.
 Hemos emprendido la tarea de realizar conversatorios en diversas entidades del país

En conferencia de prensa la diputada María Rosete, dio a conocer que en días pasados el Consejo General del Instituto Electoral Ciudad de México aprobó el dictamen correspondiente a la validación de firmas que presentó el Consejo Promotor para acompañar la Iniciativa de “Ley Ciudadana que regule a los trabajadores no asalariados, a los prestadores por cuenta propia, a los comerciantes de la vía y espacio públicos, incluyendo a los locatarios de los mercados públicos”.
Con este dictamen se le dio a la iniciativa el carácter ciudadano para que sea analizada en el Congreso de la Ciudad de México y dar cumplimiento al mandato constitucional para la expedición de la Ley Secundaria en materia de comercio en el espacio público. Cabe destacar que este ejercicio es un gran esfuerzo ciudadano -para incidir en las decisiones de gobierno y legislativas- que promueve la cultura de la inclusión y participación de la ciudadanía. Estamos ante una iniciativa histórica que sentará las bases para incentivar una ciudadanía más participativa.

En la conferencia la diputada Rosete mencionó: “El Instituto Electoral de la Ciudad
de México llevó a cabo la revisión con los estándares más altos de certeza, legalidad
y transparencia, además de atender los estrictos protocolos de seguridad. Por su
parte el esfuerzo que realizó el Consejo Promotor, da muestra del interés de la
sociedad por participar de manera activa en este tipo de ejercicio de democracia
para darle una nueva vida al fenómeno laboral en nuestra ciudad”.
La ruta crítica de esta iniciativa, data del 31 de enero de 2017, fecha en la que la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó la Constitución Política de
la Ciudad de México, en la que fue incorporado el llamado “comercio informal” en el
marco jurídico y se mandato al Congreso local aprobar la ley secundaria en esta
materia para darle operatividad al marco constitucional.
Gracias a la Ley de Participación Ciudadana local, se contempló el acceso de la
sociedad a la Democracia Directa mediante la Iniciativa Ciudadana, la cual fue
ejercida exitosamente en el mes de septiembre para presentar proyectos de ley que
quieren contribuir a solucionar la problemática que existe en el comercio en el
espacio público.
La legisladora federal enfatizó al respecto: “Este es el principio de una ardua tarea
que se habrá de emprender para transitar hacia la formalización del comercio en el
espacio público, y dejar de criminalizar esta actividad en la que se encuentran
inmersos más de 31 millones de personas que salen día con día a ganarse el
sustento para sus familias de manera honesta.

Desafortunadamente, este tema no se ha tratado de forma integral y con perspectiva
social por los gobiernos o congresos de nuestro país. Por lo regular, las políticas y
programas se han limitado a la inclusión al sistema tributario y pago de tarifas, así
como a programas de desalojo o reubicación, sin ir más allá del problema, que es
el lado social”. Es preciso entender que el problema, va por el lado de crear un
círculo virtuoso dentro de la Ley entre todos los actores que intervienen en el
sistema productivo nacional y local, ya sea formal o “ambulante”, pero ya se debe
terminar con la necedad del divisionismo y marginación.”

El comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma honesta de
ganarse la vida, ante la incapacidad de los gobiernos y de la iniciativa privada para
generar los empleos formales que la población en edad de trabajar requiere.
“Sin trabajo no hay bienestar, estabilidad, dignificación, unión ni desarrollo, por el
contrario, tiende a aumentar la pobreza, la delincuencia y el deterioro social, que
tanto daño han hecho a la sociedad”.

Después de dar el primer paso en la Ciudad de México, el sector de trabajadores
en el espacio público hemos emprendido la tarea de realizar conversatorios en
diversas entidades del país, para presentar una iniciativa sólida, elaborada por los
mismos actores que recoja todas las opiniones, las necesidades y problemáticas de
quienes padecer vejaciones, corrupción y prácticas que laceran sus más
elementales derechos humanos.

Por tanto, estamos trabajando en el sentido de presentar un Proyecto de decreto
que genere las condiciones jurídicas mediante reformas a los artículos 5º y 123 de
la Constitución Política, para transitar hacia la inclusión de los trabajadores
informales en procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país.
Así como en el artículo 123 de la Constitución existen los apartados A y B para los
trabajadores, es necesario introducir un apartado “C”, con todos los derechos y
obligaciones que deberán regir para este sector que está conformado, como ya se
mencionó, por más de 31 millones de trabajadores.

Esta actividad debe ser reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en la legislación secundaria correspondiente y las
legislaciones locales, ya que de esta forma se garantiza el derecho al trabajo de los
millones de personas que venden productos y servicios lícitos en la calle.

“Los trabajadores en el espacio público terminan pagando más por permisos,
corrupción o cuotas en comparación de lo que paga vía impuestos, un trabajador
formal, eso sin mencionar que tampoco cuentan con seguridad social, acceso a
créditos de casa ni otras prestaciones de ley” concluyó la diputada Rosete.

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Aprueban diputados del bloque de MORENA en lo general desaparecer 109 fideicomisos

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En medio de protestas y reclamos de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 242 votos en pro, 178 en contra y 7 abstenciones la desaparición de 109 fideicomisos.

Ahora los diputados discuten las 389 reservas al dictamen.

La aprobación en lo general se dio después de dos intentos previos.

El dictamen modifica las leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil; Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; la de Ciencia y Tecnología; Aduanera y la Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Además, la Ley General de Cultura Física y Deporte; las leyes federales de Cinematografía; de Derechos; de las leyes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; General de Cambio Climático y General de Víctimas.

Asimismo, se abrogan las leyes que crean el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Previamente, se habían emitido 230 votos a favor, 5 abstenciones y 12 en contra. En virtud de que no se alcanzó el quórum, la presidenta declaró un receso de 15 minutos, de conformidad con el artículo 46, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Al termino del receso se registró una asistencia 371 diputadas y diputados.

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GPPRI rechaza uso de las FF.AA en tareas de seguridad pùblica

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*  Este decreto es un reconocimiento tácito del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno

En el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresamos un enérgico rechazo por la publicación del Decreto en el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pues genera incertidumbre, tanto entre la ciudadanía como en los integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre sus alcances jurídicos y pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta administración.

Si bien es cierto que ese supuesto estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma aprobada por el Congreso, es preocupante que se aproveche la emergencia de salud que vive el país para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas. La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin los controles que establece la propia Constitución. La falta de definición conduce a interpretar que el Gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitirlo y concentrar más poder.

Durante la aprobación de esa reforma constitucional en la Cámara de Diputados, las y los legisladores del PRI ratificamos nuestro reconocimiento a la labor extraordinaria de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, pero advertimos que el éxito de alcanzar la paz dependía de la administración y estrategia del gobierno.

El Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de conducir los esfuerzos de la sociedad para lograr la paz y debe ser claro en cuanto a los resultados de estos últimos 18 meses. Las cifras indican que la estrategia de seguridad no está dando resultados positivos. Con la publicación de este decreto estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso hasta el momento.

Nuestro grupo parlamentario mantendrá una visión de Estado en los temas vinculados a la seguridad de la gente. Cuando se trata de garantizar la tranquilidad de las familias mexicanas no debe haber espacio para los golpes entre partidos políticos y menos para la mezquindad. La seguridad y la justicia no se deben partidizar, ese debe ser nuestro compromiso político.

El país no puede esperar, se requieren instituciones y estrategias que verdaderamente contribuyan al restablecimiento de la paz en todo el territorio. Tan solo durante todo el 2019 y lo que va de este año, aún en medio de la Fase III de la pandemia por el Covid-19, las cifras oficiales revelan que la violencia en México no ha dado tregua a las familias mexicanas de todo el territorio. Desde el inicio de la crisis señalamos que era necesaria una estrategia especial que garantizara la seguridad de las y los mexicanos, en la que se diera una adecuada coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.

Es necesario que se revisen los términos del citado Acuerdo para garantizar que ninguno de sus cinco artículos y dos transitorios sea contrario a lo establecido en la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, con una naturaleza claramente civil.  El Ejecutivo debe dejar fuera de toda duda el cumplimiento pleno de las condiciones para la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

No basta con que el decreto presidencial se limite a reproducir dichas palabras sino que debió incorporar y desarrollar mecanismos jurídicos para garantizar su cumplimiento. En consecuencia, el decreto tendría el riesgo de ser inconstitucional.

Desde ahora señalamos que la Fuerzas Armadas estarán impedidas a partir de 2024 para realizar funciones de seguridad pública. Entonces será indispensable haber alcanzado resultados de la política civil en materia de seguridad, tal como se señala en la reforma que creó la Guardia Nacional. La publicación del decreto es una medida que va en contrasentido de este objetivo, pues en lugar de trabajar para fortalecer a las policías civiles, se activa un mecanismo que debía ser extraordinario. Es preciso señalar que desde la creación de la Guardia Nacional, muy poco se ha hecho para fortalecer a los cuerpos policiacos estatales y municipales.

Además, de que con ese decreto, se contravienen las observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en México, que recomendó alejarse del enfoque militarizado y avanzar en una institución civil para garantizar el retiro paulatino y planificado de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad ciudadana.

Ante esa situación, el Grupo Parlamentario del PRI seguirá muy atento los efectos legales de este decreto y el cumplimiento del compromiso de pacificación que hizo este gobierno sin instaurar de forma permanente una estrategia pro militarización en el país.

Las y los Diputados del PRI estamos comprometidos con la seguridad de las y los mexicanos, le apostamos a que se resuelva el problema de la inseguridad, porque, como lo dijimos en su momento, en eso ganamos todos, gana México.

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El informe trimestral del Ejecutivo quedó a deber la visión del estadista para enfrentar actual crisis: PAN

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 El Grupo Parlamentario del PAN, coordinado por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, cuestionó el primer informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020, ya que quedó a deber la visión del estadista para enfrentar la crisis por la pandemia del Covid-19; no presentó el programa de recuperación económica y prosiguen las descalificaciones en su discurso.

En un comunicado, las y los diputados rechazaron que sigan en marcha todas las megaobras de infraestructura y que no haya considerado negativos pronósticos del Producto Interno Bruto (PIB).

Aseguraron que en dicho informe estuvo ausente el federalismo, y no hubo pacto nacional que reuniera a los distintos actores de la nación

“A quién le creemos: a los Pre criterios de Política Económica de la SHCP o al “Informe Trimestral” que acabamos de escuchar. En ningún momento se mencionaron siquiera los negativos pronósticos sobre el Producto Interno Bruto y las variables económicas como inflación, paridad, déficit fiscal, precio del petróleo, recaudación de impuestos, entre otras muchas”, detallaron.

“Pese a las críticas y los cuestionamientos, siguen adelante todas las megaobras inviables y suntuarias, planteadas por la Cuarta Transformación”.

Aseguraron que apenas ha transcurrido la sexta parte del sexenio, y se están agotando el Fondo de Estabilización Petrolera, el de Gastos Catastróficos del sector salud y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, entre otros.

Cuestionaron la meta del Ejecutivo de crear dos millones de empleos en nueve meses; “no se dijo ni cómo ni quién los va a crear. Mucho menos sin los estímulos que reclaman el aparato productivo”.

El Presidente no tomó en cuenta las sugerencias de los empresarios, el sector social y los académicos, y “aseguró que la iniciativa privada está con el gobierno actual”.

Lamentaron que a los militares les siga encargando tareas que pueden distraerlos de su función primaria.

Asimismo, señalaron que siguen pendientes, desde el 13 de enero, los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo.

“No se presentó el esperado programa de recuperación económica. Asistimos a una mañanera dominical”, externaron.

Consideraron que las positivas cifras en materia de seguridad que informó el Presidente, chocan una vez más con la realidad. “La afirmación de que no hay vinculación alguna con la delincuencia no basta para explicar los recientes encuentros y operaciones contra el crimen organizado”.

Además, estuvo ausente el federalismo, “los proyectos de infraestructura social y productiva que deben implementar estados y municipios del país”.

“Todos los que pedíamos el diálogo nacional, un acuerdo o un pacto que reuniera a los distintos actores de la nación, nos quedamos sin respuesta”, demandaron.

Las y los diputados panistas refrendaron su compromiso de “trabajar por la economía familiar, los millones que integran la economía informal que viven al día, los trabajadores mujeres y hombres que esperan apoyos concretos. En Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso con sus necesidades porque si para el Presidente no son visibles para nosotros sí”.

“La realidad sigue cuestionando la afirmación de que estamos preparados para enfrentar el coronavirus antes que cualquier otro país”.

“Quedó a deber la visión del estadista para enfrentar la crisis actual, como sí ha sucedido en la mayoría de los países del orbe que han sido golpeados por el coronavirus. No hay plan económico en marcha y prosiguen las descalificaciones, pero esto no nos distraerá de nuestro empeño por salir adelante con las familias mexicanas”, reiteraron.

 

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