Connect with us

Camara de Diputados

La Diputada María Rosete Promueve una Iniciativa Historica que regule a los trabajadores no asalariados incluyendo a los de Comercio Informal

Published

on

Ciudad de México a 13 de Diciembre 2019 (Cdmx Press ).-

El comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma honesta de ganarse la vida.
 Hemos emprendido la tarea de realizar conversatorios en diversas entidades del país

En conferencia de prensa la diputada María Rosete, dio a conocer que en días pasados el Consejo General del Instituto Electoral Ciudad de México aprobó el dictamen correspondiente a la validación de firmas que presentó el Consejo Promotor para acompañar la Iniciativa de “Ley Ciudadana que regule a los trabajadores no asalariados, a los prestadores por cuenta propia, a los comerciantes de la vía y espacio públicos, incluyendo a los locatarios de los mercados públicos”.
Con este dictamen se le dio a la iniciativa el carácter ciudadano para que sea analizada en el Congreso de la Ciudad de México y dar cumplimiento al mandato constitucional para la expedición de la Ley Secundaria en materia de comercio en el espacio público. Cabe destacar que este ejercicio es un gran esfuerzo ciudadano -para incidir en las decisiones de gobierno y legislativas- que promueve la cultura de la inclusión y participación de la ciudadanía. Estamos ante una iniciativa histórica que sentará las bases para incentivar una ciudadanía más participativa.

En la conferencia la diputada Rosete mencionó: “El Instituto Electoral de la Ciudad
de México llevó a cabo la revisión con los estándares más altos de certeza, legalidad
y transparencia, además de atender los estrictos protocolos de seguridad. Por su
parte el esfuerzo que realizó el Consejo Promotor, da muestra del interés de la
sociedad por participar de manera activa en este tipo de ejercicio de democracia
para darle una nueva vida al fenómeno laboral en nuestra ciudad”.
La ruta crítica de esta iniciativa, data del 31 de enero de 2017, fecha en la que la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó la Constitución Política de
la Ciudad de México, en la que fue incorporado el llamado “comercio informal” en el
marco jurídico y se mandato al Congreso local aprobar la ley secundaria en esta
materia para darle operatividad al marco constitucional.
Gracias a la Ley de Participación Ciudadana local, se contempló el acceso de la
sociedad a la Democracia Directa mediante la Iniciativa Ciudadana, la cual fue
ejercida exitosamente en el mes de septiembre para presentar proyectos de ley que
quieren contribuir a solucionar la problemática que existe en el comercio en el
espacio público.
La legisladora federal enfatizó al respecto: “Este es el principio de una ardua tarea
que se habrá de emprender para transitar hacia la formalización del comercio en el
espacio público, y dejar de criminalizar esta actividad en la que se encuentran
inmersos más de 31 millones de personas que salen día con día a ganarse el
sustento para sus familias de manera honesta.

Desafortunadamente, este tema no se ha tratado de forma integral y con perspectiva
social por los gobiernos o congresos de nuestro país. Por lo regular, las políticas y
programas se han limitado a la inclusión al sistema tributario y pago de tarifas, así
como a programas de desalojo o reubicación, sin ir más allá del problema, que es
el lado social”. Es preciso entender que el problema, va por el lado de crear un
círculo virtuoso dentro de la Ley entre todos los actores que intervienen en el
sistema productivo nacional y local, ya sea formal o “ambulante”, pero ya se debe
terminar con la necedad del divisionismo y marginación.”

El comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma honesta de
ganarse la vida, ante la incapacidad de los gobiernos y de la iniciativa privada para
generar los empleos formales que la población en edad de trabajar requiere.
“Sin trabajo no hay bienestar, estabilidad, dignificación, unión ni desarrollo, por el
contrario, tiende a aumentar la pobreza, la delincuencia y el deterioro social, que
tanto daño han hecho a la sociedad”.

Después de dar el primer paso en la Ciudad de México, el sector de trabajadores
en el espacio público hemos emprendido la tarea de realizar conversatorios en
diversas entidades del país, para presentar una iniciativa sólida, elaborada por los
mismos actores que recoja todas las opiniones, las necesidades y problemáticas de
quienes padecer vejaciones, corrupción y prácticas que laceran sus más
elementales derechos humanos.

Por tanto, estamos trabajando en el sentido de presentar un Proyecto de decreto
que genere las condiciones jurídicas mediante reformas a los artículos 5º y 123 de
la Constitución Política, para transitar hacia la inclusión de los trabajadores
informales en procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país.
Así como en el artículo 123 de la Constitución existen los apartados A y B para los
trabajadores, es necesario introducir un apartado “C”, con todos los derechos y
obligaciones que deberán regir para este sector que está conformado, como ya se
mencionó, por más de 31 millones de trabajadores.

Esta actividad debe ser reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en la legislación secundaria correspondiente y las
legislaciones locales, ya que de esta forma se garantiza el derecho al trabajo de los
millones de personas que venden productos y servicios lícitos en la calle.

“Los trabajadores en el espacio público terminan pagando más por permisos,
corrupción o cuotas en comparación de lo que paga vía impuestos, un trabajador
formal, eso sin mencionar que tampoco cuentan con seguridad social, acceso a
créditos de casa ni otras prestaciones de ley” concluyó la diputada Rosete.

Facebook Comments

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Camara de Diputados

Aprueban en comisiones dictamen en materia de subcontratación laboral

Published

on

By

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, avalaron con modificaciones, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la ley reglamentaria del Apartado B) y de la fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política en materia de subcontratación laboral (outsourcing).

Al reanudar la sesión permanente de ambas comisiones, las y los diputados emitieron 50 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones. El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

Fueron 24 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones de las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social se emitieron 26 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones.

Modificaciones aprobadas

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, propuso diversas modificaciones que fueron avaladas en votación económica, para adicionar el artículo séptimo al proyecto de decreto y agregar un artículo 10 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, así como el artículo octavo para adicionar un artículo 2 Bis de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución.

Planteó establecer en esos ordenamientos que se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiera su artículo 1º, y que se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público que tendrá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Además, se modificó el artículo primero transitorio, para incluir “y lo previsto en los artículos séptimo y octavo del presente decreto entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2022”.

También se adicionó el décimo transitorio para señalar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente decreto, realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación, se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará el gasto regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores.

La diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, apuntó que el dictamen tiene como objeto prohibir la subcontratación personal, para lo cual se derogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación.

“Las modificaciones presentadas eliminarán aquellas prácticas que dañan los derechos laborales erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, afirmó.

Asimismo, se diferencia la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, explicó.

Se establece la obligación para que dichas empresas se inscriban en el padrón a cargo de la STPS, con la finalidad de que antes de celebrar un contrato acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan y que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, agregó.

Destacó que “se proponen reglas claras respecto de la situación patrimonial y al registro de sus trabajadores. Se establece un reparto de utilidades límite, máximo de noventa días del salario del trabajador o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más benéfico”.

Señaló que por la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en diversas leyes, los institutos y autoridades correspondientes celebran con la STPS convenios de colaboración para que el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas en el respectivo ámbito de competencia.

“Se endurecen las sanciones para patrones que se niegan al desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilicen la subcontratación en contravención de las leyes”, añadió.

Planteamientos de las y los diputados

Del PRI, el diputado Isaías González Cuevas consideró que la iniciativa es muy completa y planteó su voto a favor, porque evita la afectación a los derechos laborales de las y los trabajadores. Sostuvo que la subcontratación se realizó a través de empresas virtuales que manejan la nómina a su arbitrio y dan de baja a los trabajadores cuando quieren, sobre todo a fin de año, perdiendo sus derechos y prestaciones del IMSS, Infonavit y el SAT. Estas compañías no generan empleos; sólo simulan porque no son el verdadero patrón, aseguró.

Por Morena, la diputada Anita Sánchez Castro afirmó que la reforma es un logro para los trabajadores, debido a que la subcontratación incrementó las prácticas indebidas con efectos dañinos en materia laboral, seguridad social, fiscal y penal, alentando la proliferación de empresarios en el outsourcing simulado que han precarizado el empleo e incumplido las obligaciones patronales, en sectores como el turístico, bancos y maquiladoras.

Del PT, la diputada Margarita García García dijo que es una reforma histórica en pro de los derechos de las y los trabajadores al frenar el retroceso que implicó la subcontratación al ser inhumana, rapaz, sin seguridad ni salud en el empleo. Pidió incorporar un artículo transitorio que especifique que las empresas de seguridad y limpieza no sean consideradas “trabajos especializados, porque ellos son los principales afectados por las malas prácticas del outsourcing”. También está pendiente la eliminación de este esquema en el sector público. Solicitó que los gobiernos estatales respeten los derechos laborales y eviten despidos injustificados.

Por MC, la diputada Martha Angélica Zamudio Macias, adelantó su voto a favor y la presentación de reservas. Destacó la revisión en servicios y ejecución de obras especializadas, porque no se especifica cuáles podrán considerarse así y deja a discreción de la STPS la clasificación de los mismos, poniendo en riesgo la inversión productiva y da pie a prácticas corruptas. El esquema propuesto ocasionará retraso en los trámites y discrecionalidad por parte de las autoridades, apuntó.

El diputado Eleuterio Arrieta Sánchez (Morena) dijo que estas reformas terminan con la subcontratación, utilizada como un esquema de abuso que daña los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, propicia mecanismos de evasión fiscal, y la subestimación u omisión en el registro de salarios que imposibilita el derecho a una vivienda digna o una pensión bien remunerada. Refirió que con el dictamen se avanza en la reconstrucción y beneficios de los derechos laborales.

De la misma bancada, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala señaló que estas reformas harán realidad la justicia social a los trabajadores y restituirán sus derechos laborales. Expresó que había 4.6 millones de trabajadores en esos esquemas, con un crecimiento anual de cerca de 200 mil empleados, y que 862 mil estaban afectados en sus derechos laborales; además, en 2019 las pérdidas anuales del SAT fueron de 324 mil millones de pesos, y en el IMSS, de 21 mil millones de pesos, lo que significaba un gran daño al erario público.

El diputado del PRI, Carlos Pavón Campos indicó que ésta es una reforma recaudatoria que no beneficiará a la gente, pues aumentará 30 por ciento de utilidad de impuestos para la Secretaría de Hacienda. Indicó que no se puede modificar el tema de las utilidades sin reformar la Carta Magna, porque la Ley Federal del Trabajo no puede estar por encima de la Constitución.

Al emitir sus opiniones, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) refirió que se atenta contra la seguridad y certidumbre jurídica al prohibir la actividad económica lícita; no se resuelve el problema de outsourcing agresivo; introduce los conceptos de servicios especializados y ejecución de obras especializadas sin incluir la definición y el periodo de transición es extremadamente corto. Además, más multas desalientan la contratación y están en peligro muchas oportunidades de empleo.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) dijo que estas reformas sientan las bases de una real justicia social, aseguran el presente y futuro de los trabajadores. Señaló que se termina con prácticas abusivas y simuladas; crea un círculo virtuoso para que los trabajadores gocen de la protección en la estabilidad de su empleo, aumenten sus percepciones y su seguridad laboral; beneficiará a empresarios honestos que ya no tendrán que competir en desventaja y el Gobierno también tendrá un beneficio en la recaudación.

Dictamen

El dictamen propone modificar la Ley Federal del Trabajo en los artículos 12, 13, 14, 15, 1004-A, y 1004-C; 4; 127, y derogar los preceptos 15-A; 15-B; 15-C, y 15-D.

Establece que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando un persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de la STPS.

Además, la subcontratación deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios u obras y el número de trabajadores que participarán. La persona física o moral que subcontrate con una contratista que incumpla obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria.

Igualmente, quienes proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la STPS, para lo cual deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Asimismo, en el artículo 127 refiere que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, y que se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

Respecto a la Ley del Seguro Social, se reforman los artículos 15 A; 304 A, fracción XXII, y 304 B, fracción IV; se adiciona el precepto 304 B, con una fracción V, y se deroga el segundo párrafo del 75.

Establece que la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo; además, quien contrate en este esquema con otra persona física o moral que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social, será responsable solidaria.

Plantea que se deberá proporcionar cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados en ese periodo; establece como infracción no hacerlo o presentarla fuera del plazo legal fijado, y precisa multas que van de 500 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Sobre la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, propone reformar los artículos 29, tercer párrafo, y 29 Bis, para establecer que, en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de tres meses, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón.

Asimismo, que las personas físicas o morales registradas en el padrón público de empresas para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, deberán proporcionar cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados.

En cuanto al Código Fiscal de la Federación, se adiciona el artículo 15-D; la fracción XVI del precepto 26; el inciso h) de la fracción II del artículo 75; la fracción XLV del apartado 81; la fracción XLI del artículo 82, y el inciso i) del precepto 108.

Establece que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados por subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante.

Ni los servicios en que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante, cuando esos trabajadores, originalmente hayan sido sus trabajadores y hubieren sido transferidos al contratista o cuando los trabajadores abarquen las actividades preponderantes del contratante.

Refiere que se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el registro ante la STPS.

Señala que, al imponer multas por infracciones, las autoridades fiscales “deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente: Realizar la deducción o acreditamiento, en contravención a lo señalado en los artículos 28, fracción XXXIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 4º, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado”.

Plantea como infracción de la obligación de pago de contribuciones, presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias, así como de proporcionar información y documentación a terceros y del ingreso de información a través de la página de internet del SAT, si el contratista no entrega al contratante la información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción V, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fracción II, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Fija multa de 150 mil a 300 mil pesos por cada obligación de entregar información no cumplida.

En el artículo 108 de este Código, que estipula el delito de defraudación fiscal, propone agregar el inciso i), respecto a utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, descritas en el artículo 15-D, último párrafo del mismo, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafos de dicho artículo.

Entre las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, propone adicionar en el artículo 27, en materia de deducciones, que el contratante deberá verificar que se pague la contraprestación por el servicio recibido; obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de esos trabajadores; del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, de las cuotas obrero patronales al IMSS y de las aportaciones al Infonavit, y que el contratista estará obligado a entregar al contratante esta información.

Respecto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se adiciona un tercer párrafo al artículo 4º. para establecer que el impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15-D, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, no será acreditable.

Facebook Comments

Continue Reading

Camara de Diputados

FGR pide a cámara de diputados desaforar al gobernador de Tamaulipas

Published

on

By

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados retirarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la presunta comisión de delitos como delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Ignacio Mier, coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó en sus redes sociales que el recinto legislativo de San Lázaro recibió la anterior solicitud de declaratoria de procedencia contra el mandatario panista.

El gobernador Cabeza de Vaca señaló que Morena filtra una “supuesta acusación” en contra de él y aseguró que nunca ha violado la ley.
“De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito, se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi postura”, dijo en redes sociales.

La declaración de procedencia es un acto legislativo para remover la inmunidad procesal de los servidores públicos y así ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo.

Facebook Comments

Continue Reading

Camara de Diputados

Aprueban diputados del bloque de MORENA en lo general desaparecer 109 fideicomisos

Published

on

By

En medio de protestas y reclamos de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 242 votos en pro, 178 en contra y 7 abstenciones la desaparición de 109 fideicomisos.

Ahora los diputados discuten las 389 reservas al dictamen.

La aprobación en lo general se dio después de dos intentos previos.

El dictamen modifica las leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil; Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; la de Ciencia y Tecnología; Aduanera y la Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Además, la Ley General de Cultura Física y Deporte; las leyes federales de Cinematografía; de Derechos; de las leyes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; General de Cambio Climático y General de Víctimas.

Asimismo, se abrogan las leyes que crean el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Previamente, se habían emitido 230 votos a favor, 5 abstenciones y 12 en contra. En virtud de que no se alcanzó el quórum, la presidenta declaró un receso de 15 minutos, de conformidad con el artículo 46, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Al termino del receso se registró una asistencia 371 diputadas y diputados.

Facebook Comments

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.